Por: Daniel Arturo Campillo Campos
Muchos países ya tenían una deuda excesiva desde antes de la pandemia. En algunos casos, los prestamistas en búsqueda de ganancias o influencia política encontraron presa fácil en gobiernos que necesitaban fondos de manera desesperada. Gobiernos bien intencionados mostraron un optimismo irracional respecto a los beneficios que podrían obtener. Gobiernos no tan bien intencionados identificaron oportunidades para conseguir ganancias privadas o para reforzar sus credenciales políticas. Veinte años después de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME), que tenía como objetivo facilitar la reestructuración de la deuda, era evidente que muchos de ellos se encontraban en una posición precaria. El total de la deuda externa de los países de bajos ingresos aumentó de 80 mil millones de dólares (MMDD) en 2006 a 160 MMDD en 2019. El sector privado contribuyó a este aumento, pues la participación de la deuda privada no garantizada en el total de la deuda externa de los países de bajos ingresos aumentó de 3.2% en 2010 a 10% en 2019. Los cambios más recientes en los mercados de deuda (con más prestamistas y prestatarios, y con el riesgo de que las deudas privadas se transformen rápidamente en obligaciones públicas) han entorpecido el seguimiento y el control de la acumulación excesiva de deuda y han dificultado todavía más su reestructuración. Durante los cinco años que terminaron en 2019, la deuda pública como proporción del PIB aumentó en 12 puntos porcentuales: de 40 a 52%, mientras que la deuda privada aumentó en 21 puntos porcentuales: de 102 a 123%
Al comienzo de la pandemia hubo un acuerdo entre el G-20 a fin de otorgar una moratoria a los países más pobres para el servicio de su deuda oficial (bilateral), denominada Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés). Se esperaba que otros se unieran, en particular el sector privado. Pero no lo hicieron. La falta de participación de todos los actores tiene un efecto devastador: aquellos que podrían estar dispuestos a unirse se muestran reticentes, pues ven que el beneficiario neto no son las personas pobres del país pobre, sino los acreedores recalcitrantes. El servicio total de la deuda de 73 países elegibles para la DSSI fue de aproximadamente 374 MMDD, de los cuales 257 MMDD se adeudaban a los acreedores privados. Sin la participación de los acreedores privados, la DSSI no tuvo gran alcance. La DSSI tenía como objetivo ofrecer un alivio al servicio de deuda por un monto de 12.2 MMDD, lo cual habría representado cerca de 0.65% de su PIB; prácticamente nada, considerando que sus déficits fiscales oscilaban entre 10 y 12% del PIB. Al final, sólo 46 de los 73 países elegibles para la DSSI decidieron participar y sólo solicitaron alrededor de 5 MMDD para el alivio de su deuda en 2020. Ahora bien, como ya advertíamos, la profundidad y la duración de la recesión pandémica en algunos países significan que una moratoria de la deuda no va a ser suficiente, pues sólo pospone el problema y, además, aumenta las obligaciones de los países en desarrollo. Lo que se necesita es una reestructuración profunda y oportuna de la deuda. Hoy en día, 120 países de ingresos bajos y medios deben en conjunto 3.1 billones de dólares de deuda externa; pagar el servicio de ésta va a constituir un impedimento mayor para la recuperación de los países endeudados y la economía mundial.
Nunca ha habido un mejor momento para reconocer el fundamento de fuerza mayor y necesidad que ahora: los países no deberían verse obligados a pagar lo que no pueden, en especial cuando sufragar la deuda puede llegar a causar tanto sufrimiento, como ocurre con algunos países en la actualidad.
Extracto tomado del volumen 88 Número 351 (2021): julio-septiembre del Trimestre Económico titulado “La Pandemia y la crisis económica: una agenda mundial de acción inmediata. Informe preliminar sobre la respuesta mundial a la pandemia”, escrito por Commission on Global Economic Transformation (CGET).
https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te
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