Por: J. Ignacio Mendívil B.
Cada 21 de septiembre, el mundo se detiene un instante para conmemorar el Día Internacional de la Paz. En Durango, esta fecha adquiere un peso particular: nuestra Constitución reconoce la paz como un derecho de todas y todos los duranguenses. Sin embargo, entre el texto legal y la vida cotidiana existe una distancia que duele. Mientras el marco jurídico proclama la tranquilidad como garantía, las cifras y las historias que se viven en los hogares y las calles cuentan otra realidad: la de una violencia que no cede, que se transforma y que, con frecuencia, se vuelve invisible.
La paz no es solamente la ausencia de guerra o de conflictos armados. Es, antes que nada, la posibilidad de vivir sin miedo dentro de la propia casa. Y es justamente ahí, en el espacio que debería ser el más seguro, donde muchas familias duranguenses enfrentan gritos, golpes, control y silencio impuesto. La violencia intrafamiliar sigue siendo un mal que se hereda de generación en generación, normalizado por la costumbre y protegido por el silencio cómplice de quienes miran hacia otro lado. Cuando la paz no existe en el hogar, difícilmente puede sembrarse en la comunidad.
De ahí se extiende un hilo que llega hasta el ámbito público: la inseguridad en las calles, la desconfianza entre vecinos, la crispación en el debate ciudadano, la violencia contra las mujeres que se repite con una frecuencia insoportable.
Todo esto no son fenómenos aislados; son la consecuencia de una cultura que no ha logrado interiorizar que la paz se construye desde lo más íntimo hacia lo más colectivo.
Es aquí donde cabe una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué han hecho las políticas públicas para revertir esta tendencia? Se han creado leyes, se han firmado acuerdos, se han diseñado programas con nombres esperanzadores. Pero la violencia sigue incrementándose. Esto revela una verdad que no podemos seguir postergando: no basta con legislar la paz, hay que construirla. No basta con declararla un derecho, hay que garantizar las condiciones para ejercerlo. Las políticas públicas no pueden limitarse a la reacción ante la violencia ya consumada; deben apostar, con la misma fuerza y presupuesto, a la prevención, a la educación emocional desde la infancia, al acompañamiento a las familias, a la construcción de una cultura de paz que empiece en las aulas y se extienda a cada rincón de la sociedad duranguense.
Porque, al final, la paz no es un adorno institucional ni una frase que se repite en discursos oficiales una vez al año. Es la condición básica para que exista la tranquilidad, y la tranquilidad, a su vez, es el cimiento sobre el cual se edifica la felicidad. No hay felicidad posible en un hogar donde se vive con temor.
No hay desarrollo posible en una comunidad que normaliza la agresión como forma de relacionarse. La paz, entendida así, no es un ideal abstracto: es una necesidad urgente y cotidiana.
En este Día Internacional de la Paz, Durango tiene la oportunidad de mirarse con honestidad. Reconocer que el derecho constitucional a la paz no se cumple con solo estar escrito, sino con acciones concretas, sostenidas y medibles. Se necesita voluntad política, pero también se necesita voluntad social: que cada familia, cada escuela, cada institución asuma su parte en la construcción de entornos libres de violencia. Solo así, cultivando la paz desde el hogar hasta las políticas de Estado, podremos aspirar no solo a la tranquilidad, sino también a esa felicidad colectiva que tanto se nos ha prometido y que tanto seguimos esperando.
