Daniela Morales Silva
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó las reformas al Código Penal del Estado para establecer el delito de feminicidio en grado de tentativa, con una pena de 26 años y seis meses hasta 40 años de prisión, la cual será de la más alta en el país, destacó la diputada Alicia Gamboa Martínez.
Refirió que durante meses se llevaron a cabo mesas de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia y asociaciones civiles, por lo que hay un incremento en la pena, pasando de 16 a 40 años de prisión con un nivel específico.
La diputada señaló que esto es importante, pues en casos de violencia las penas han quedado por el delito de lesiones.
“¿Por qué esperar a que se consume el asesinato?”, cuestionó la diputada, quien dijo que de esta manera se pudieron haber evitado muchas muertes de mujeres si en todos los estados se diera.
También mencionó que en el tema de feminicidios, para poderlos tipificar como tal, son muchos conceptos, incluso algunos burocráticos, de ahí que Durango solo tenga dos feminicidios tipificados y muchas más muertes violentas de mujeres.
“Hoy quitamos varios de los conceptos para que pueda el tribunal hacer mejor su trabajo”.
Reconoció que con menos tipificación Durango podría dejar de estar en los últimos lugares a nivel nacional de feminicidios, sin embargo, se trata de mostrar la realidad que vive el estado, lo que ayudará a que realmente se pueda avanzar en este sentido y se pueda ir erradicando la violencia.
“Yo puedo decirle a las mujeres de Durango que lo logramos, después de varios meses lo logramos, creo que esto va a ser un antes y un después para nosotras”, finalizó.
“La iniciativa, materia del presente dictamen aumenta el máximo de la pena privativa de libertad para el caso del feminicidio cuando se presente alguna de las agravantes, para que su castigo sea hasta de 65 años de prisión”, explicó, por su parte, el diputado David Ramos Zepeda.
Además, informó que se incluye dentro de esas agravantes el caso en el que el feminicidio se cometa en contra de una mujer adulta mayor, lo anterior en virtud de que el país desde hace décadas, se encuentra entre las naciones del continente latinoamericano con mayor índice de muertes de mujeres de forma violenta.
Dentro de las agravantes se incluye si la víctima es menor de edad, adulta mayor, embarazada o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición, se impondrán de 45 a 65 años de prisión y multa de tres mil 240 a cuatro mil 680 tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización.
